Por la paz integral mediante reformas que beneficien a los trabajadores como creadores de riqueza nacional; por la salida política del conflicto armado, negociado y apoyado decididamente por el Ejecutivo, el Congreso y las Cortes sin objeciones sutiles; por el derecho a la vida y la justicia; por el esclarecimiento de los asesinatos de cientos de líderes que orientaban a sus comunidades; por los miles de compatriotas que han sido desaparecidos -muchos con la complicidad de la fuerza pública y representantes de las élites-, es el clamor del pueblo colombiano.

Los ciudadanos deberían solidarizarse con toda la fuerza cívica y espiritual para condenar los atropellos de miles de víctimas, muchos de ellos sin jerarquía, que siguen padeciendo la violencia endémica. Igualmente, en el plano internacional, nuestros compatriotas deben estar al lado correcto de la historia y reprochar vehementemente el genocidio en Palestina y el Líbano que está ejecutando Israel; al mismo tiempo, rechazar enfáticamente la agresión de Estados Unidos e Israel contra el laborioso y milenario pueblo de Irán que con singular valentía preserva sus intereses legítimos y el derecho legal de defender su nación que con la indiferencia de la comunidad internacional y la tibieza de la ONU viene padeciendo por el asesinato de miles de ciudadanos y la destrucción de casas, edificios, templos, sistemas eléctricos e hidráulicos, solamente por la ambición de aprovecharse de sus riquezas naturales y su privilegiada posición geográfica con el estratégico Estrecho de Ormuz por donde pasa el 20% del petróleo mundial y en el lecho de su mar territorial permanecen los cables de internet que sirven a millones de habitantes del planeta. Los gringos repiten el relato de que Irán pudiera construir armas de destrucción masiva; el mismo falso argumento que impusieron en Irak, la cuna de la civilización humana, que en el 2001 fue bombardeado y destruido, con un costo de más de un millón de muertos y la impunidad de ese imperio decadente.

Los acontecimientos vienen demostrando las nefastas consecuencias de la simbiosis entre la política y los negocios con los desfalcos de congresistas, alcaldes o contratistas, como los monopolios que empobrecen a pequeños comerciantes, además de la concentración de medios de comunicación que, sin recato, manipulan la opinión pública. Es conveniente que el Estado tome mayor control de la economía e impulse bajo su responsabilidad las grandes obras nacionales que favorezcan la distribución de la riqueza. La sociedad debe concebir la democracia como una satisfacción de vida que cada día pueda ser mejor y rechazar el capitalismo salvaje que ha descendido al hombre a la sima de la miseria y la codicia. La democracia política es un formulismo si no se logra democratizar la vida económica. Una distribución equitativa de los beneficios del progreso y la desconcentración del poder traen como consecuencia la paz y la justicia.

 Es importante exigirles a los candidatos a la Presidencia de la República propuestas viables sobre salud, educación y bienestar para que los niños, adolescentes y mayores puedan disfrutar de una vida plena de gratitud y alegría donde el trabajo, la vivienda, la recreación y la seguridad alimentaria sean la mayor prioridad del Estado.

El presidente Petro luego de ingentes sacrificios y aun arriesgando su propia existencia, llegó con todos los méritos al Solio de Bolívar y es providencialmente el jefe de Estado; sin embargo no ha podido ejercer plenamente las funciones que manda la Constitución del 91  por cuanto castas de familias enquistadas en los mandos de todos los niveles desde el inicio de la república junto con grandes potentados políticos y mafiosos del país y del exterior siguen impidiendo el desarrollo armónico que con urgencia requiere nuestra patria. Basta con observar que las Cortes, el Congreso, los medios o los gremios impiden sistemáticamente aprobar los proyectos que el Ejecutivo presenta en provecho de todos los colombianos. La Corte Constitucional bajo la presidencia del boyacense Jorge Enrique Ibáñez Najar se adelantó a proponer que este tribunal declarara inconstitucional la reforma pensional que tantos beneficios traería a la mayoría de los colombianos. Su revocatoria representaría un “triunfo” para la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, quien demandó este decreto fundamental, ignorando que su propio salario ronda los 50 millones de pesos. Con el mismo criterio deshumanizante, 8 senadores de la comisión séptima hundieron la reforma a la salud, sin siquiera haberla debatido en la plenaria de la Corporación. El Consejo de Estado decreta sin mayor sustento jurídico la pérdida de investidura de congresistas, embajadores o alcaldes, en su mayoría simpatizantes del Pacto Histórico. La Corte Suprema de Justicia viene archivando o en espera de precluir muchos expedientes de personajes de cuello blanco. La Procuraduría deja mucho que decir con las incipientes investigaciones a la firma Thomas Greg & Sons, fabricante de pasaportes y material electoral que tiene millonarios contratos desde hace más de 25 años y posee los algoritmos con los que se puede cometer fraudes. El Consejo Nacional Electoral es una institución cuyos integrantes por ser designados por el Congreso, su origen partidista resta credibilidad a sus decisiones; prueba de ello son las declaraciones en contra de la campaña y elección del presidente Petro y la Corte Constitucional ha tenido que declararlos nulos. No se observa su función de regular, inspeccionar y controlar las elecciones y fuerzas políticas para generar un proceso electoral limpio y transparente. En los medios y gremios se evidencia una estrategia de desinformación y manipulación sobre las acciones del presidente Petro. El Banco de la República, integrado en su junta directiva por 7 burócratas que votaron 4 a 3, subió el interés en un punto porcentual (100 puntos básicos); esta nueva tasa quedó en 11.25 sin que se haya tenido en cuenta la baja inflación y el desempleo reducido a un dígito. Indudablemente, esta última decisión afecta a los hogares, pequeños negocios, campesinos y créditos que se pagan más mientras los banqueros y grandes inversionistas se benefician. Todavía no le alcanza los quince mil trescientos millones de pesos (15.300.000.000) que gana el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo mensualmente, que junto con otros acaudalados acumulan riquezas muchas veces sin conocer el sacrificio de miles de hogares para pagar sus obligaciones.

Pese a las vicisitudes, el gobierno ha demostrado capacidad para promover la economía y ha puesto a Colombia ante el mundo como una nación llamada para visitar y exportar su enorme potencial agrícola y cultural. Comprometido con la justicia social, ha entregado más de 700 mil hectáreas de tierra fértil a los campesinos. De igual manera, con el catastro multipropósito que manejan los alcaldes se busca seguridad jurídica para 30 millones de habitantes que pueden utilizar de la mejor forma el uso del suelo y el pago justo de sus servicios públicos. El gobierno Petro demostró que es posible empleos dignos con garantías laborales. Igualmente, el programa Colombia Mayor pasó de atender 1,6 millones de personas con 80 mil pesos mensuales en 2023 a beneficiar a 3 millones de personas mayores en condiciones de pobreza extrema en 2025 con una renta básica de 230 mil pesos. También el gobierno del cambio ha fortalecido el SENA y ha creado colegios y universidades elevando el presupuesto para educación de 50 a 70 billones de pesos. La salud, pese al saboteo de opositores recalcitrantes que impiden implementar cambios a la Ley 100 de 1993 donde el paciente es una mercancía, se han inaugurado puestos de salud y hospitales como el San Juan de Dios que tenían olvidado gobiernos neoliberales. En las próximas elecciones presidenciales los ciudadanos tienen la oportunidad de continuar por la senda del progreso y la fraternidad o retroceder al sectarismo político, a la negación de derechos, al miedo como herramienta de manipulación y al odio acentuado que fomentan ciertos personajes y que ahora pretenden internacionalizarlo, empezando por nuestros vecinos.